Presion de los EE.UU

La presión norteamericana para que el gobierno peruano erradique loscultivos de coca y ataque al narcotráfico atenta contra la estrategia militar de hacerse de la vista gorda ante estas actividades con la intención de concentrarsus acciones en la lucha contra lasubversión, buscando dividir la alianza entre cocaleros e insurrectos. De lo contrario se correría el riesgo de afirmar dicha alianza y, eventualmente, enfrentar un movimiento de "liberación nacional"liderado por SL, tal como está diseñado en los planes de Guzmán.
El gobierno norteamericano desconoció la situación particular del Perú y acusó a los militares de estar comprometidos en el comercio de la coca - y también en la violación de los derechos humanos -, haciendo filtrar noticias sobre una eventual intervención armada vista la incapacidad del Perú para controlar su territorio.

Militares,Subversion y Narcotrafico

Desde el inicio del régimen constitucional los agentes de la subversión fueron actores básicos del escenario político porque mediante sus prédicas y sus acciones contribuían a socavarlo y porque constituyeron un nuevo motivo de división de la dirigencia política respecto a las causas y los medios para enfrentar la insurrección.
Belaunde no le concedió importancia a la subversión ni tampoco al narcotráfico debido a que se concentraban en alejadas zonas rurales tradicionalmente desatendidas por el Estado.
proclamas nacionalistas y las políticas asistencialistas serían suficientes para que estos problemas desaparecieran. Pero la creciente expansión de los grupos insurrectos y el desarrollo de las acciones terroristas en las principales ciudades motivó que la opinión pública y el gobierno reconocieran tardíamente la gravedad del problema subversivo. Los 25,000 muertos y el medio millón de desplazados, la destrucción de instalaciones por 22,000 millones de dólares -monto equivalente al de la deuda externa- la inseguridad pública y la repercusión internacional de estos hechos contribuyeron a que la subversión adquiriera una especial relevancia política y económica.
Sin embargo, esta situación no ha sido suficiente para forjar el consenso necesario para atacar las diferentes aristas del problema, dejando ver elprofundo grado de fragmentación y distanciamiento entre los actores políticos. Mientras unos explicaban la subversión por la histórica "violencia estructural" sufrida por las capas populares y proponían la alteración de las injustas condiciones económico-sociales para detenerla, otros la achacaban al desarrollo de los postulados marxistas durante el "Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada" (1968-80) y a la conspiración del comunismo internacional, planteando

que la insurrección debía ser reprimida militarmente.

Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) reflejan vivamente en su reclutamiento, ideología y asentamiento la clásica fragmentación social, cultural y política del país. Ambos grupos searraigan en diferentes sectores de la juventud popular; mientras los cuadros dirigentes de SL provienen de los capas "mestizas" desarraigadas de las áreas serranas, donde se concentra la extrema pobreza del campesinado indígena, los integrantes del MRTA tienen su origen en las zonascosteñas, semiurbanas y "criollas". Esta contrastada composición social y cultural va de la mano consus diferentes identidades políticas: mientras el primero se afilia a fórmulas yprácticas maoístas, el segundo se asocia con planteamientos castristas.
Estos factores han derivado en una sangrienta lucha entre SL y el MRTA por la "hegemonía" revolucionaria y el control de los recursos provenientes del tráfico de la coca, con la consiguiente complejización de la lucha contra la subversión.

La declarada hostilidad de SL y el MRTA al Estado, manifiesta en las amenazas, extorsiones y asesinatos de militares, autoridades y funcionarios, se extiende a las organizaciones populares que compitan con ellos. Las diferentes acciones destinadas a dividirlas y eliminarlas se acompañan de intimidaciones y "liquidaciones" a eclesiásticos y miembros de organizaciones no-gubernamentales, a dirigentes de Izquierda Unida y del APRA, de las organizaciones campesinas, sindicales y de las organizaciones urbanas, ensañándose particularmente con las que congregan a mujeres.
Si al inicio de sus acciones las izquierdas, las organizaciones populares allegadas a ellas y las que defienden los derechos humanos explicaron, si no justificaron, la subversión como consecuencia de la histórica explotación social, los crímenes cometidos por SL y el MRTA produjeron su rechazo; pero no por ello dejaron de acusar a las Fuerzas Armadas por la violación de los derechos humanos. En estas condiciones, los gobiernos, los militares y los subversivos consideraron a las izquierdas y sus simpatizantes como enemigos, hostigándolos y contribuyendo a su desgaste organizativo.

Pero en la selva alta, donde la producción de coca se ha expandidoconsiderablemente durante la última década, los grupos subversivos hanestablecido alianzas con el campesinado y el narcotráfico, a los que protegen de la policía y de las Fuerzas Armadas. Además, las amenazas y la corrupción de los organismos represivos y del sistema judicial han reforzado el control deSL y del MRTA en vastas áreas geográficas.

La presión norteamericana para que el gobierno peruano erradique loscultivos de coca y ataque al narcotráfico atenta contra la estrategia militar de hacerse de la vista gorda ante estas actividades con la intención de concentrarsus acciones en la lucha contra lasubversión, buscando dividir la alianza entre cocaleros e insurrectos. De lo contrario se correría el riesgo de afirmar dicha alianza y, eventualmente, enfrentar un movimiento de "liberación nacional"liderado por SL, tal como está diseñado en los planes de Guzmán.
El gobierno norteamericano desconoció la situación particular del Perú y acusó a los militares de estar comprometidos en el comercio de la coca - y también en la violación de los derechos humanos -, haciendo filtrar noticias sobre una eventual intervención armada vista la incapacidad del Perú para controlar su territorio.

Liberalismo y autoritarismo"fujimorismo"

La decisión de "reinsertar" al Perú en la economía internacional ha tenido dramáticos efectos recesivos, en una situación de profunda postración económica de la que hasta hoy el país no logra recuperarse. Sin embargo, el "shock" mereció el eufórico aplauso de los empresarios, de los tecnócratas y de los medios de comunicación, despejándose los temores de que el Presidente fuera una comparsa de García.
Pero, de otro lado, Fujimori supo acallar la irritación de la población burlada alegando que no había alternativa realista al estado de catástrofe nacional del que eran responsables los gobiernos anteriores por su manifiesta ineficiencia y corrupción, y el sistema institucional dominado por la "partidocracia"; así, Fujimori se apropió de las tesis de Vargas Llosa por partida doble.
Tal como el general Ve1asco durante su gobierno (1968-75) asumió como suyas las tesis de Michels, también Fujimori acusóa los partidos de estar dominados por oligarquías irresponsables que habían disipado las posibilidades del país durante los últimos 30 años, coincidiendo con las críticas a estas organizaciones que se hacían en otros países. Estas argumentaciones fueron convalidadas por las disensiones partidarias y las acusaciones parlamentarias contra el ex-Presidente García, algunos de sus ministros y amigos por apropiación ilícita de recursos públicos y privados.
Las enérgicas expresiones de Fujimori y su decisión de eliminar dichos vicios concitó el aplauso público, como reiteradamente se vería en losresultados de las encuestas de opinión pública, que pasaron a constituir laexpresión válida de los intereses y aspiraciones sociales, en vista de la desarticulación y desprestigio de las organizaciones de la sociedad.
Estos testimonios contribuyeron a que el "shock" fuera acatado por lapoblación como un sacrificio necesario, aunque provisional, que enrumbaría http.//www.iep.org.pe
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Julio Cotler
definitivamente al país por el camino del orden y la prosperidad, gracias a la indispensable colaboración externa. En estas circunstancias, los acendrados proyectos nacionalistas se desvanecieron después que durante seis décadas habían sido los puntales de las movilizaciones políticas; mientras, los valores de eficacia y honestidad pasaron a ser los dominantes, identificados personalmente con Fujimori, permitiéndole arrogarse la representación personal de las frustraciones y esperanzas del "pueblo" desorganizado.
De este modo, la tan mentada "crisis de la clase política" y "el divorcio entre sociedad y Estado", a los que intelectuales y periodistas hacían constante alusión, se arraigó en la conciencia pública e incluso entre los desconcertados políticos "tradicionales" planteándose, finalmente, el problema de la estructura y funcionamiento antidemocráticos de los partidos y la necesidad de recuperar su perdida conexión con la sociedad.
Pero si el Legislativo le otorgó a Fujimori amplios poderes de emergencia para avanzar en la reestructuración liberal, también asumió una desconocida conducta fiscalizadora que el Ejecutivo resistió considerándola una intromisión a sus atribuciones. Mientras tanto García, que había sido un secreto cómplice en el triunfo de Fujimori, ahora buscaba orquestar la oposición, con la clara intención de recuperar su perdida popularidad y, eventualmente, retomar el poder en 1995.
El temor a esta posibilidad sustentó el apoyo a la reiterada oposición de Fujimori a las propuestas de coordinación que diversos parlamentarios le alcanzaron, produciéndose constantes fricciones entre ambos poderes que Fujimori no cesaría de azuzar, estableciendo un curso de colisión con la seguridad de que el desprestigio del Parlamento y de los partidos lo favorecerían.
Entre noviembre de 1991 y marzo de 1992 las tensiones entre ambos poderes se extremaron. La oposición parlamentaria a otorgar facultades irrestrictas a las Fuerzas Armadas para combatir la subversión se conjugó con el rechazo del Ejecutivo a las propuestas parlamentarias relativas al gasto social. Entonces, las repetidas proclamas autoritarias de Fujimori fueron interpretadas por algunos observadores como claras advertencias sobre sus intenciones golpistas. http.//www.iep.org.pe
Descomposición política y autoritarismo en el Perú
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La insólita acusación de corrupción formulada por la esposa del Presidente contra los familiares de éste, que cuentan con una influencia política decisiva, determinó el desenlace. La formación de una comisión de investigación parlamentaria que pondría en peligro su creciente autonomía, decidió que Fujimori llevara a cabo el plan que, al decir de distintos observadores, habría sido preparado y desarrollado por el servicio de inteligencia militar.
El 5 de abril de 1992 Fujimori "suspendió" la Constitución y formó un "gobierno de emergencia y reconstrucción nacional" con la colaboración de la Fuerza Armada, aduciendo que el Parlamento y, en general, la insti-tucionalidad le impedía reestructurar el país para refundar la república, reemplazando la democracia "formal" por otra "real"16. Acto seguido, la emprendió contra periodistas, sindicalistas y políticos, obligando al ex-Presidente García a asilarse en Colombia.
El respaldo masivo de la población a esta decisión y la participación de la fuerza armada incapacitó a los maltrechos partidos y sindicatos para desplegar una acción efectiva, facilitándole al gobierno la tarea de depurar la administración pública y colocar a un personal incondicional en los tribunales y los comandos militares, supuestamente para moralizarlos y darles una mayor eficacia operativa. Asimismo, esta acción también le permitió decretar una racha de reformas liberales acordadas con los organismos internacionales que, paradójicamente, los denostados partidos avalaron.
La necesidad de legitimar su decisión lo llevó a convocar a un frustrado "Diálogo Nacional", en donde se expondrían las aspiraciones sociales que serían incorporadas en una nueva constitución redactada por un grupo de notables y que el "pueblo"ratificaría en un plebiscito. Mediante este socorrido procedimiento autoritario Fujimori pretendió establecer una "nueva democracia", en donde sin intermediación política, el "pueblo" expresaría sus preferencias, incentivando a incautos intelectuales y políticos a proponer formas de "democracia directa", sin medir sus consecuencias políticas.

reflexiones finales

El desenlace autoritario del país ha llevado a debatir, y no sólo en el Perú, sobre la necesidad o inevitabilidad de la interrupción constitucional como condición para instaurar la autoridad estatal y asegurar la necesaria continuidad de las reformas económicas de manera de confirmar la estabilidad política y económica.
A este respecto, existen posiciones encontradas; unos consideran que la solución autoritaria es la única factible para avanzar en el proceso de "modernización" y el desarrollo del país, poniendo como ejemplo a Pinochet; mientras otros desestiman esta supuesta fatalidad, en tanto consideran que se podría haber logrado ese objetivo en el marco institucional, si no hubiera sido porque las condiciones del país permitieron que Fujimori realizara sus ambiciones personales y las Fuerzas Armadas pudieran actuar fuera de la luz pública.

Pero el estilo neopatrimonial de Fujimori es el talón de Aquiles del gobierno. Su extremo voluntarismo y rechazo a las mediaciones institucionales impiden atender los intereses y demandas sociales que pueden desembocar en situaciones conflictivas. En este sentido, sectores empresariales y algunos grupos populares han reaccionado contra el programa económico, puesto que no tiene visos de corregir la continua recesión ni el rebrote inflacionario, orillándose situaciones de ruptura del consenso logrado por Fujimori.
De proseguir esas dificultades y a instancias de las presiones de algunos de los "independientes" con aspiraciones a reemplazarlo, no sería de extrañar que Fujimori buscara repetir un audaz "salto hacia adelante", que podría ser al vacío.