Desde el inicio del régimen constitucional los agentes de la subversión fueron actores básicos del escenario político porque mediante sus prédicas y sus acciones contribuían a socavarlo y porque constituyeron un nuevo motivo de división de la dirigencia política respecto a las causas y los medios para enfrentar la insurrección.
Belaunde no le concedió importancia a la subversión ni tampoco al narcotráfico debido a que se concentraban en alejadas zonas rurales tradicionalmente desatendidas por el Estado.
proclamas nacionalistas y las políticas asistencialistas serían suficientes para que estos problemas desaparecieran. Pero la creciente expansión de los grupos insurrectos y el desarrollo de las acciones terroristas en las principales ciudades motivó que la opinión pública y el gobierno reconocieran tardíamente la gravedad del problema subversivo. Los 25,000 muertos y el medio millón de desplazados, la destrucción de instalaciones por 22,000 millones de dólares -monto equivalente al de la deuda externa- la inseguridad pública y la repercusión internacional de estos hechos contribuyeron a que la subversión adquiriera una especial relevancia política y económica.
Sin embargo, esta situación no ha sido suficiente para forjar el consenso necesario para atacar las diferentes aristas del problema, dejando ver elprofundo grado de fragmentación y distanciamiento entre los actores políticos. Mientras unos explicaban la subversión por la histórica "violencia estructural" sufrida por las capas populares y proponían la alteración de las injustas condiciones económico-sociales para detenerla, otros la achacaban al desarrollo de los postulados marxistas durante el "Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada" (1968-80) y a la conspiración del comunismo internacional, planteando
Belaunde no le concedió importancia a la subversión ni tampoco al narcotráfico debido a que se concentraban en alejadas zonas rurales tradicionalmente desatendidas por el Estado.
proclamas nacionalistas y las políticas asistencialistas serían suficientes para que estos problemas desaparecieran. Pero la creciente expansión de los grupos insurrectos y el desarrollo de las acciones terroristas en las principales ciudades motivó que la opinión pública y el gobierno reconocieran tardíamente la gravedad del problema subversivo. Los 25,000 muertos y el medio millón de desplazados, la destrucción de instalaciones por 22,000 millones de dólares -monto equivalente al de la deuda externa- la inseguridad pública y la repercusión internacional de estos hechos contribuyeron a que la subversión adquiriera una especial relevancia política y económica.
Sin embargo, esta situación no ha sido suficiente para forjar el consenso necesario para atacar las diferentes aristas del problema, dejando ver elprofundo grado de fragmentación y distanciamiento entre los actores políticos. Mientras unos explicaban la subversión por la histórica "violencia estructural" sufrida por las capas populares y proponían la alteración de las injustas condiciones económico-sociales para detenerla, otros la achacaban al desarrollo de los postulados marxistas durante el "Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada" (1968-80) y a la conspiración del comunismo internacional, planteando
que la insurrección debía ser reprimida militarmente.
Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) reflejan vivamente en su reclutamiento, ideología y asentamiento la clásica fragmentación social, cultural y política del país. Ambos grupos searraigan en diferentes sectores de la juventud popular; mientras los cuadros dirigentes de SL provienen de los capas "mestizas" desarraigadas de las áreas serranas, donde se concentra la extrema pobreza del campesinado indígena, los integrantes del MRTA tienen su origen en las zonascosteñas, semiurbanas y "criollas". Esta contrastada composición social y cultural va de la mano consus diferentes identidades políticas: mientras el primero se afilia a fórmulas yprácticas maoístas, el segundo se asocia con planteamientos castristas.
Estos factores han derivado en una sangrienta lucha entre SL y el MRTA por la "hegemonía" revolucionaria y el control de los recursos provenientes del tráfico de la coca, con la consiguiente complejización de la lucha contra la subversión.
La declarada hostilidad de SL y el MRTA al Estado, manifiesta en las amenazas, extorsiones y asesinatos de militares, autoridades y funcionarios, se extiende a las organizaciones populares que compitan con ellos. Las diferentes acciones destinadas a dividirlas y eliminarlas se acompañan de intimidaciones y "liquidaciones" a eclesiásticos y miembros de organizaciones no-gubernamentales, a dirigentes de Izquierda Unida y del APRA, de las organizaciones campesinas, sindicales y de las organizaciones urbanas, ensañándose particularmente con las que congregan a mujeres.
Si al inicio de sus acciones las izquierdas, las organizaciones populares allegadas a ellas y las que defienden los derechos humanos explicaron, si no justificaron, la subversión como consecuencia de la histórica explotación social, los crímenes cometidos por SL y el MRTA produjeron su rechazo; pero no por ello dejaron de acusar a las Fuerzas Armadas por la violación de los derechos humanos. En estas condiciones, los gobiernos, los militares y los subversivos consideraron a las izquierdas y sus simpatizantes como enemigos, hostigándolos y contribuyendo a su desgaste organizativo.
Pero en la selva alta, donde la producción de coca se ha expandidoconsiderablemente durante la última década, los grupos subversivos hanestablecido alianzas con el campesinado y el narcotráfico, a los que protegen de la policía y de las Fuerzas Armadas. Además, las amenazas y la corrupción de los organismos represivos y del sistema judicial han reforzado el control deSL y del MRTA en vastas áreas geográficas.
La presión norteamericana para que el gobierno peruano erradique loscultivos de coca y ataque al narcotráfico atenta contra la estrategia militar de hacerse de la vista gorda ante estas actividades con la intención de concentrarsus acciones en la lucha contra lasubversión, buscando dividir la alianza entre cocaleros e insurrectos. De lo contrario se correría el riesgo de afirmar dicha alianza y, eventualmente, enfrentar un movimiento de "liberación nacional"liderado por SL, tal como está diseñado en los planes de Guzmán.
El gobierno norteamericano desconoció la situación particular del Perú y acusó a los militares de estar comprometidos en el comercio de la coca - y también en la violación de los derechos humanos -, haciendo filtrar noticias sobre una eventual intervención armada vista la incapacidad del Perú para controlar su territorio.
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